Juez Garzón asesora al "Compañero" Correa (¿será la radicalización del proceso??)

CS siempre equivocandose (China, Bolivia, Peru...)

Pese a estar inhabilitado para ejercer su oficio en España, el Gobierno de Ecuador considera a Baltasar Garzón como a un intachable jurista. Tal es así que en octubre de 2011, el presidente Rafael Correa lo nombró coordinador de la comisión internacional que supervisa las tareas para modificar el sistema judicial de ese país. En la tarde del viernes, el ex juez hispano presentó al ministerio de Justicia y a otros organismos del ámbito jurídico, un documento con las recomendaciones de la “Veeduría Internacional” (como es conocida la citada comisión) para afinar el proceso que dotará a Ecuador de un nuevo código de justicia. El informe preliminar del grupo que también integran expertos de Chile, Argentina, Brasil y México, se basa en los testimonios prestados a Garzón, por funcionarios del poder judicial, organizaciones sociales y por figuras de todo el arco político.

El organismo colegiado alega que Garzón recibiría 50.000 euros por asesorar al presidente Correa, cuando en la práctica apenas ejerció esa función.

Del otro lado de las trincheras, el presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, Paulo Rodríguez, destacó la labor de la comisión que dirige Garzón, e indicó que “al ritmo que vamos, con el nivel de conciencia que está tomando la ciudadanía, pronto tendremos una nueva cultura de acceso a la justicia en Ecuador”.

El exjuez español Baltasar Garzón, que preside una Veeduría Internacional sobre el proceso de reforma integral de la justicia en Ecuador, presentó un informe preliminar con 64 recomendaciones, incluida la creación de una Audiencia Nacional para juzgar delitos graves.

El documento ha sido elaborado en los últimos tres meses basándose en entrevistas a más de 2.000 personas, así como a un centenar de organismos y organizaciones de diversa naturaleza, según explicó el propio Garzón en una rueda de prensa.

La transformación integral de la Justicia ecuatoriana, impulsada por el Gobierno del presidente Rafael Correa, fue aprobada en una consulta popular celebrada en mayo del año pasado.

El proceso incluía la integración de una veeduría nacional y otra internacional, esta última compuesta, además de Garzón, por personalidades de México, Colombia, Brasil, Argentina, Guatemala y Chile.

Entre las recomendaciones formuladas por Garzón en el primer informe preliminar de su veeduría está la creación de un "Sistema Nacional de Justicia", que congregue a todas las entidades que pertenecen al sistema judicial.

También propone la reactivación de un "Consejo consultivo de la Función Judicial" y presenta la experiencia española de tener una Audiencia Nacional para que conozca y juzgue los delitos más graves, como los de lesa humanidad, corrupción y crimen organizado, entre otros.

Asimismo, el documento sugiere establecer un plan para erradicar la violencia intrafamiliar y recomienda la elaboración de un proyecto de ley que coordine la administración de la justicia ordinaria con la indígena.

Garzón dijo que para él resulta escaso el término de dieciocho meses fijados para alcanzar la transformación integral de la justicia ecuatoriana, que se marcó en la consulta popular.

Se trata, dijo, de un "desafío de proporciones descomunales para modificar todo un sistema judicial", que eventualmente no se alcanzará a cumplir en ese período, que concluye en enero del próximo año.

Garzón remarcó que una "visión desde afuera", como tiene la Veeduría Internacional, permite que se detecten eventuales errores y se los enmiende.

Lo que se busca es que la reforma judicial "sea lo más integral posible" y "ampare todos y cada uno de los derechos en juego", sostuvo Garzón, tras precisar que el informe preliminar divulgado hoy es el primero de tres que elaborará la veeduría internacional.

Comentó que el trabajo de ese comité concluirá a mediados de diciembre con un informe final, que contendrá todas las recomendaciones y sugerencias que surjan de la observación del proceso.

Garzón entregó el documento de hoy a las máximas autoridades del Ministerio de Justicia, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y del Consejo de la Judicatura de Transición.

El jurista ha permanecido toda esta semana en Ecuador, junto con Marinen Hornkohl (exministra de Asuntos Sociales de Chile) y Porfirio Muñoz Ledo (presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea de México), también integrantes de la veeduría.

De su lado, el presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, Paulo Rodríguez, dijo sentirse satisfecho por el camino recorrido y admitió que las recomendaciones presentadas por la Veeduría Internacional sugieren que el proceso de transformación judicial en Ecuador es "perfectible".