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27 febrero 2016

inéditos desgajados del folleto Acerca del problema de las nacionalidades en España (PCEml)

Lorenzo Peña

El folleto Acerca del problema de las nacionalidades en España, escrito por mí en 1968 (en su primera versión), fue publicado después (en 1968 ó 1969) por las Ediciones Vanguardia Obrera (como un Cuaderno Marxista-Leninista: Suplemento a Revolución Española, Nº 1).
El comité ejecutivo aceptó publicarlo habiéndolo podado y expurgado. Varios fragmentos se eliminaron. Yo los conservé (no así la parte del manuscrito que se publicó, aunque fuera con enmiendas). Han sobrevivido en mi archivo personal; los inserto aquí.
Para entenderlos, habría que situarlos en el contexto del folleto, en los lugares correspondientes. El lector sabrá conjeturar en qué contexto cobraría sentido cada uno de estos fragmentos desgajados. (Las notas de este anejo eran anotaciones a pie de página dentro del manuscrito de los fragmentos y según figuraban en él. El único cambio aquí introducido es el uso de la cursiva.)
Años después el PCEml publicará otro folleto titulado «El problema de las nacionalidades en el marco de la revolución en España» (Ediciones Vanguardia Obrera, 1977), donde se han refundido párrafos -y hasta páginas enteras- de mi texto de 1968; pero esas partes, escritas por mí, han sido troceadas para ser insertadas en un contexto que les es ajeno y que resulta incompatible.
Ese farragoso y desordenado folleto de 1977 lo dice todo: que las nacionalidades son una cosa y otra; que las de España tienen derecho a la autodeterminación, pero en la práctica que no. Lo malo del folleto es que ningún lector sabrá, al final, qué tesis se sostienen ni qué propuestas políticas se formulan.
Voy a limitarme aquí a citar sus dos definiciones de «nacionalidad». En la págª 10 se dice:
La categoría histórica de nacionalidad no debe confundirse con la de nación. En términos generales la nacionalidad es una comunidad humana históricamente formada, con lengua y territorio comunes pero cuya base económica es todavía demasiado débil y los vínculos económicos y culturales no están lo bastante desarrollados como para asegurar la estabilidad de dicha comunidad.
Esa acepción de «nacionalidad» podemos decir que es el sentido A. Según ese sentido A de «nacionalidad», los ashanti, los tuaregs, los bambara, los zulúes, los masai, los pigmeos de Ruanda, los bengalíes, los albanófonos de la Península balcánica, los curdos, los uigures, los tibetanos, los turcófonos del Asia Central, los lapones, los esquimales o inuítas, los mapuches, los jíbaros, constituyen sendas nacionalidades: comparten lengua y territorio (aunque fragmentado, en varios de esos casos, en una pluralidad de Estados), pero su base económica es débil y los vínculos económicos y culturales que los unen son frágiles.
En la página 43 se ha calcado, en cambio, un fragmento de mi ensayo de 1968:
Existen en el seno de España diversas regiones con ciertas particularidades nacionales, más o menos acusadas, a las que se denomina nacionalidades. La diferencia entre nación y nacionalidad estriba en que, para que exista una nación, debe darse, de manera estable, la comunidad de lengua, historia, territorio, vida económica y cultura; mientras que en el seno de una misma nación pueden existir varias nacionalidades, siempre que en algunos de estos aspectos, por ejemplo en los de la lengua y la cultura, la comunidad no sea total, es decir que existan lenguas habladas particularmente por la población de las citadas nacionalidades o por una parte de la misma, como ocurre en España [...] incluso en las regiones con particularidades nacionales sólo un número pequeño de personas del medio rural no hablan el castellano.
Bien, éste es otro concepto de nacionalidad; digamos nacionalidad en sentido B: nacionalidad como sub-nación, una parte de una nación que difiere del resto en algunos de los rasgos distintivos, pero sólo en algún grado, compartiendo, en cambio, los demás rasgos con el resto de la nación.
La lista de nacionalidades ya no puede ser la anterior. La debilidad o la fuerza económica no entran aquí para nada. Ninguno de los ejemplos de nacionalidad enumerados tres párrafos más atrás es una nacionalidad en este sentido. Sí son nacionalidades, en este sentido, Cataluña (la Cataluña hispana, sin el Rosellón), Galicia, Tibet (que no es lo mismo que la dispersa población de etnia tibetana), Sinkiang (que de nuevo no es lo mismo que la población uigur), el Valle de Aosta, Cerdeña, Calabria, la región Friul, Córcega, Alsacia, Bretaña, Valencia, Gales, Escocia, el Curdistán persa, el Norte de Ceilán (península de Jaffna y comarcas aledañas), la Macedonia griega, el Yucatán mexicano, Tartaria, Osetia del Norte y así sucesivamente.
Ser una nacionalidad -en el sentido B (aunque también, quizá, en el A)- es una cuestión de grado, evidentemente. Si las diferencias lingüísticas entre la lengua vernácula y la general del país son pocas y, encima, la primera sólo es hablada por una pequeña minoría, entonces ya apenas -o, prácticamente, nada- cabe hablar de nacionalidad (p.ej Picardía, Poitou, Asturias, León, Aragón, Lombardía).
Según el folleto que yo había escrito, la doctrina leninista del derecho a la autodeterminación era aplicable a las naciones, no a las nacionalidades. Ese derecho vincula una situación fáctica -la existencia de una nación diferenciada, o sea de una población con su propia lengua, su propio territorio, su propia economía, su propia cultura, su propia historia, su propia idiosincrasia, diversos de los de sus colindantes- con una consecuencia jurídica: la licitud de su eventual opción de separarse para formar un Estado independiente.
Mi alegato era éste: cuando no existe tal supuesto fáctico, cuando la población para la que se reclama ese derecho no está diferenciada de la de los terrirorios colindantes en todos esos rasgos sino sólo parcialmente en algunos de ellos, entonces no es aplicable tal derecho a la autodeterminación. Sin embargo pueden ser aplicables otros derechos: un derecho a la preservación de la particularidad nacional; un derecho a la autonomía territorial; un derecho incluso a que las fórmulas de convivencia política con el resto de la población del país se pacten de la manera más respetuosa posible para con legítimos particularismos -p.ej, con procedimientos de sobrerrepresentación (o representación ultraproporcional) de las minorías.
El sentido de mi distingo era ése, precisamente: negar el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades pero reconocerles, a la vez, un sucedáneo, otros derechos políticos.
El folleto de 1977 dice todo y su contrario, abogando por lo que yo criticaba en el de 1968, o sea: el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades (que no se define).
De la tesis del folleto de 1977 de que el derecho a la autodeterminación asiste, no sólo a las naciones, sino también a las nacionalidades -dejando de lado la confusión u oscilación entre los sentidos A y B- se sigue esta conclusión: habría que reivindicar la autodeterminación, en Africa, para millares de poblaciones que constituyen nacionalidades en uno u otro de esos sentidos (a veces en ambos); en Asia, para centenares de poblaciones así; en América Latina, como mínimo, para varias decenas. ¿A quién favorecería esa fragmentación? ¿Cuántas de esas nacionalidades reclaman semejante derecho? ¿No tienen otros problemas, como los de comer, beber, cuidar la salud, tener techo y trabajo, poder viajar y establecerse en otros países donde puedan buscar una vida mejor para sus familias, acceder a la cultura y a los avances posibilitados por la técnica moderna? ¿Cuál de esos objetivos va a avanzar porque una nacionalidad se separe de las poblaciones circundantes para erigirse en Estado independiente?
Hechas estas observaciones, paso ahora a reproducir los fragmentos inéditos del folleto de mi autoría de 1968.


Capítulo I


Evolución histórica del problema de las nacionalidades
1.- Formación de España como unidad nacional
La formación de España como unidad nacional tiene lugar a lo largo de la Edad Moderna, es decir, paralelamente al surgimiento en nuestro país de las relaciones capitalistas de producción y al comienzo de la descomposición de las relaciones de producción feudales. El primar paso hacia la unidad nacional de España lo dan los Reyes Católicos, en la segunda mitad del siglo XV, que unen las Coronas de Castilla y Aragón, incorporándose más tarde Granada y Navarra. Sin embargo, aquella unión tenía un carácter superficial y no implicó en modo alguno un cambio en las estructuras políticas o jurídicas de los reinos peninsulares. Donde sí realizaron los Reyes Católicos una obra unificadora, pero de signo realmente opresor, fue en Galicia. Los Reyes Católicos se dedicaron sistemáticamente a destruir lo que había quedado de la unidad política de Galicia después de la unión de los reinos de Castilla y León; ocuparon militarmente Galicia con tropas castellanas; desplazaron sistemáticamente de todo cargo de responsabilidad en el territorio de Galicia a los propios gallegos y los sustituyeron por castellanos; llegaron incluso a privar a Galicia de su voto en las Cortes y a hacerla aparecer representada por Zamora.
La unidad de España como un Estado verdaderamente unificado es impedida todavía durante varios siglos por el régimen foral imperante en Aragón, Cataluña, Valencia, Baleares, Navarra y las provincias vascongadas, como asimismo por la ausencia de libertad de comercio entre las diversas regiones del país, por el privilegio concedido a Castilla (y más tarde centralizado en la Casa de Contratación de Sevilla) de comerciar con las Indias, en detrimento de los otros pueblos españoles, por la existencia de aduanas internas etc. Sin embargo empezaron a darse algunos pasos hacia una más efectiva unidad nacional. Voluntariamente -ya que no existía entonces ninguna ley que obligase a ello- se empezó a utilizar el castellano como lengua común en los diversos reinos de España, e incluso una parte de la literatura catalana, valenciana, etc. empieza a escribirse en castellano.NOTA 402
Los reyes de la casa de Austria (que reinó sobre nuestro país desde comienzos del siglo XVI hasta el final del siglo XVII), pese a su apego a las estructuras arcaicas y caducas y, por tanto, al sistema foral, no pudieron por menos de experimentar hasta cierto punto la necesidad de una unificación estatal efectiva del país. Los opresivos métodos burocrático-militares con los que la intentaron llevar a cabo en algunos aspectos (y, en general, sólo con fines de expoliación tributaria o de ocupación militar para intimidar y aplastar al pueblo o para llevar a cabo guerras contra otros monarcas europeos), provocaron el descontento y, en algunos momentos, la rebeldía de las masas populares. Por ello surgieron tumultos o insurrecciones populares en Aragón durante el reinado de Felipe II y en Cataluña y el País Vasco hacia 1.640, durante el reinado de Felipe IV.NOTA 403 Pero en lo esencial, los siglos XVI y XVII se caracterizaron en España por el mantenimiento casi íntegro del fraccionamiento feudal, que ha sido tan certeramente retratado por Marx: «Y como la monarquía absoluta encontró en España elementos que, por su misma naturaleza, repugnaban a la centralización, hizo todo lo que estaba en su poder para impedir el crecimiento de intereses comunes derivados de la división nacional del trabajo y de la multiplicidad de los intercambios internos, única base sobre la que se puede crear un sistema uniforme de administración y de aplicación de leyes generales... El despotismo cambiaba de carácter en las diversas provincias según la interpretación arbitraria que a las leyes generales daban virreyes y gobernadores; si bien el gobierno era despótico, no impidió que subsistiesen las provincias con sus diferentes leyes y costumbres, con diferentes monedas, con banderas militares de colores diferentes y con sus respectivos sistemas de contribución».NOTA 404

[...]

En esa época el jefe más prestigioso de la oligarquía catalana es Prat de la Riba, de tendencia descaradamente monárquica y antipopular. Su sucesor, Cambó, lo será más todavía. A partir de 1.901 los dos partidos centralistas turnantes (el conservador y el «liberal»), que representaban a la oligarquía centralista (es decir, en términos esquemáticos, a la alta finanza madrileña y a la gran burguesía terrateniente de Castilla, Andalucía y otras regiones), pierden toda influencia en Cataluña. La Lliga pasa entonces a ser la fuerza predominante. Para contrarrestar su influencia, la oligarquía centralista creó en Cataluña un partido diversionista, de carácter provocador (e inclusive, como se comprobó fehacientemente después, con contactos policíacos y hasta tal vez a sueldo de ciertas potencias imperialistas), con posiciones netamente unitaristas: el partido radical de Lerroux, fértil en demagogias socialeras del estilo más burdo. Sin embargo, a partir de 1.909, el Partido radical pierde casi por entero su influencia en la clase obrera y entre los sectores sindicalistas y a partir de entonces abandona sus apariencias pseudorrevolucionarias para convertirse en un partido «de orden». La oligarquía catalana fuerza a la monarquía borbónica a conceder a Cataluña la creación de la Mancomunidad de diputaciones provinciales, entidad coordinadora permanente que por lo demás carecía de atribuciones políticas, jurídicas o incluso simplemente administrativas que rebasaran el estrechísimo marco de las tareas propias de la administración local. A partir de su incorporación a las combinaciones gubernamentales de la monarquía, en 1.917, la Lliga abandona prácticamente la lucha por la autonomía catalana y se conforma con poder imponer la política económica del gobierno de Madrid, principalmente en materia aduanera (el arancel de Cambó) así como la política social ultrarreaccionaria que le interesa. Posteriormente, apoya incluso a Primo de Rivera cuando éste da su golpe de estado en septiembre de 1.923, pese a lo cual la dictadura primorriverista disolvió la mancomunidad. El apoyo de la Lliga al tambaleante trono de Alfonso XIII, tras la caída de Primo en 1930, se salda con un rotundo fracaso. La oligarquía catalana, en 1.931, forma ya parte de las fuerzas más negras de la reacción española.
En Euzkadi, como se ha dicho más arriba, el desarrollo capitalista industrial sólo adquiere auge en los últimos decenios del siglo pasado.

[...]

Veamos ahora cuáles eran las fuerzas nacionalistas durante la II República. Frente a las posiciones reaccionarias y monárquicas de la Lliga catalana, había surgido años atrás el Bloc Republicá Autonomista, encabezado por Marcelino Domingo, Francisco Leyret, Luis Companys y otros y que se reorganizó en 1.917 con el nombre de Partit Republicá Catalá. Representaba a fuerzas de la pequeña y media burguesía de Cataluña. Más tarde Marcelino Domingo se integra en un Partido republicano progresista pequeño-burgués no regional. El Partit Republicá Catalá participó en los acontecimientos revolucionarios de 1.917 y de los años posteriores. En los últimos tiempos de la monarquía se constituye en Barcelona el partido Acció Catalana, dirigido por Nicolau d'Olwer, representante de ciertos sectores de la burguesía media nacionalista. Posiciones más avanzadas tenían la organización pequeño-burguesa Estat Catalá, de Francisco Maciá y Jaime Ayguadé, así como el grupo que giraba en torno al periódico «L'Opinió», dirigido por Lluhí Vallescá. Lluis Companys por su lado había pasado a dirigir una importante organización sindical-campesina pequeño-burguesa, de carácter democrático-revolucionario: la Unió de Rabassaires, creada en 1.922. El grupo de «L'Opinió», junto con los restos del Partit Republicá Catalá y el «Estat Catalá» de Maciá se integró a comienzos de 1.931 en la Esquerra Republicana de Catalunya, cuyos máximos dirigentes eran Maciá, que falleció poco después, y Companys. Maciá había jugado un activo papel en la lucha contra la dictadura militar primorriverista, aunque con los típicos métodos burgueses del aventurerismo desligado de las masas. El 14 de abril de 1.931 Maciá proclamó la República en Cataluña, adelantándose al resto de España y preconizando la república federal, que sin embargo no llegó a verse realizada.
El ala más avanzada y revolucionaria del catalanismo pequeño-burgués de izquierda estuvo representada a partir de los últimos tiempos de la monarquía por la Unió Socialista de Cataluña, entre cuyos dirigentes se encontraban Rafael Campalans, Manuel Serra y Moret y Juan Comorera. La Unió Socialista se fusionó en julio de 1.936 con el Partit Comunista de Catalunya (la organización regional catalana del Partido Comunista de España), con la federación catalana del PSOE y con otro pequeño partido revolucionario, el Partit Catalá Proletari, para formar el Partit Socialista Unificat de Catalunya, que habría de jugar un importante papel durante nuestra guerra nacional revolucionaria contra el fascismo.
Por último, debemos mencionar al grupo formado por Dencás, denominado Estat Catalá (que no hay que confundir con la organización del mismo nombre que años atrás había sido formada por Maciá y que se había integrado en la Esquerra). El grupo de Dencás tenía innegables ribetes fascistizantes y propugnaba el separatismo total. Sobre Dencás se formularon en su tiempo una serie de acusaciones, basadas en los aspectos tenebrosos de su conducta política y en su furibundo antiobrerismo. Independientemente de si era o no un agente provocador, es posible que estuviera a sueldo de una potencia imperialista extranjera, deseosa de escindir a Cataluña del resto de España para anexionársela a su esfera de influencia. Este grupo dejó de existir en 1.934, a raíz de las jornadas revolucionarias de octubre.
El P.N.V. convocó en Guernica una reunión, pocos días después de la proclamación de la II República, y aprobó en ella un manifiesto en el que se hablaba del «restablecimiento de la Nación Vasca en la plenitud de su vida» «en nombre del Dios todopoderoso y del pueblo vizcaíno» «sobre la base del reconocimiento de la función trascendental de la familia y de la propiedad privada... con una intervención supletoria del poder público... Asimismo... garantizará a la Iglesia Católica como Corporación rectora de la religión de la mayoría de los vascos, la libertad e independencia en su esfera».
Todo esto no excluye en modo alguno que el P.N.V. ejerciese, como de hecho lo ejercía, una gran influencia en muy amplios sectores de la pequeña y media burguesía, tanto rural como urbana, e incluso en una parte de la clase obrera, a través de la organización sindical reformista Solidaridad de Trabajadores Vascos (STV). Precisamente la bandera del separatismo le servía a la oligarquía vasca -además de servir así los intereses de Inglaterra- para atizar el odio entre el pueblo vasco y los demás pueblos de España, entre el proletariado de Euzkadi que hablaba vascuence y el inmigrado y para mantener bajo su tutela política a una parte considerable de la pequeña y media burguesía. Naturalmente, la oligarquía vasca (que ha preferido siempre utilizar en la política a hombres de paja, en vez de encargarse ella directamente de las funciones políticas), además de manejar al P.N.V., apoyaba y subvencionaba también a la CEDA y a la Falange, con vistas a arrojar por la borda la verborrea nacionalista. si llegaba el caso de poder establecer un régimen fascista centralista, como así ocurrió años después.
Sin embargo, una parte de la burguesía media se decidió a marchar independientemente de la oligarquía vasca y formó el Partido de Acción Nacionalista Vasca, ala izquierda desgajada del P.N.V. Acción Nacionalista estaba encabezada por Tomás Bilbao Hospitalet y por Gonzalo Nardiz; el primero de ellos habría de formar parte en los últimos meses de nuestra guerra nacional revolucionaria del gobierno progresista encabezado por el Doctor Negrín. Acción Nacionalista se sumó desde los primeros momentos al Frente Popular, cosa que naturalmente no hizo el reaccionario P.N.V.
En cuanto al regionalismo gallego, éste estuvo representado durante la II República por los siguientes grupos:
  1. La Federación Republicana Gallega, encabezada por Gerardo Abad Conde. Más tarde este grupo se integró en el Partido Radical de Lerroux, marchando así a la zaga de la oligarquía financiera.
  2. La Organización Republicana Gallega Autonomista (ORGA) de don Santiago Casares Quiroga, que se integró más tarde en la Izquierda Republicana de Manuel Azaña, formando parte del ala derecha de este Partido. Casares Quiroga encabezó el gobierno del Frente Popular en Madrid, entre febrero y julio de 1.936, caracterizándose por su tendencia a la contemporización e incluso a la componenda con los reaccionarios y fascistas.
  3. El Partido Nacionalista Gallego de Castelao, mucho más avanzado y popular, representaba a un sector más progresista de la pequeña burguesía y del campesinado gallegos.
También por esta época se manifiesta el regionalismo valenciano. De un lado se crea la Unión Republicana Autonomista de Valencia, que representaba los intereses de campesinos ricos y acomodados y de comerciantes e industriales no monopolistas.NOTA 405 En posiciones sociales más avanzadas estaba un grupo político de la pequeña burguesía regional: la Esquerra Valenciana, que formaría parte del Frente Popular al constituirse éste en 1.936.
En febrero de 1.934 el Parlamento catalán aprobó una Ley de Contratos de Cultivo en favor de los rabassaires (pequeños campesinos arrendatarios). Los terratenientes catalanes, protestaron y llevaron el asunto a Madrid. La reacción manipuló entonces al llamado Tribunal de «Garantías Constitucionales» (?) y éste en el mes de junio declaró «anticonstitucional» la ley en cuestión, lo que constituía ya por parte de las autoridades centrales una violación del Estatuto y demostraba cómo éste no ofrecía ninguna garantía efectiva a la autonomía catalana frente a los posibles abusos y arbitrariedades del poder central. El 12 de junio, los diputados catalanes en las Cortes, a excepción de los de la Lliga y de los radicales, abandonaron sus escaños en el Parlamento central. La cámara legislativa de Cataluña volvió a aprobar, por aclamación, la ley y toda la opinión popular la apoyó fervorosamente. Sin embargo, en el mes de septiembre, el titubeante gobierno pequeño-burgués de la Generalitat de Catalunya cedió en parte a las exigencias del gobierno de Lerroux y eliminó de la ley todos los preceptos que éste último consideraba «anticonstitucionales». No obstante, tampoco esto satisfizo a los intransigentes terratenientes catalanes, que se concentraron en Madrid el 9 de septiembre, a lo que replicaron los obreros madrileños con una unánime huelga general de 24 horas.
A raíz de octubre, el Estatuto catalán y todas las leyes aprobadas en virtud del mismo (como la de los Contratos de Cultivo) fueron suspendidos por el gobierno de Lerroux-Gil Robles. Companys y los consejeros de la Generalitat fueron condenados a treinta años de cárcel y encerrados en los penales de Puerto de Santa María y de Cartagena, de los que serían liberados por las masas populares a raíz del triunfo electoral del Frente Popular en febrero de 1.936.
En estas elecciones el Frente Popular obtuvo 4.838.449 votos, lo que significaba una ventaja de 322.198 votos con respecto al número de votos obtenido conjuntamente por todas las candidaturas de derechas y del centro, incluyendo entre éstas al P.N.V.NOTA 406 Al volverse a poner en vigor el Estatuto catalán, tras aquellas elecciones, salió elegido de nuevo el gobierno catalanista democrático de Companys. Y cuando se produce la sublevación fascista del 18 de julio, el gobierno de la Generalitat adopta una firme posición de activa lucha contra el fascismo, al lado del pueblo, en defensa de la República. El pueblo de Barcelona, armado esta vez por la Generalitat, aplastó rápidamente y con una indescriptible valentía la sublevación de las guarniciones militares al mando del general Batet.

[...]

Así pues, el gobierno de Aguirre formado de esa manera siguió una política marcadamente reaccionaria. De conformidad con los intereses del imperialismo británico en España, el P.N.V. y el gobierno vasco por él dirigido trataban, por un lado y hasta cierto punto, de evitar un triunfo completo del fascismo que en aquellos momentos suponía la colonización de España por el imperialismo alemán e italiano. Pero preferían en cualquier caso ese triunfo a una victoria del pueblo, que hubiera puesto fin para siempre a la expoliación de nuestra Patria por cualquier potencia imperialista, fuera cual fuese. Por eso, el gobierno de Aguirre aplicó con saña una línea de aplastamiento de la acción popular. Prohibió a los partidos y sindicatos la celebración de actos públicos de masas, impidiendo así al pueblo participar en la vida política de una forma activa.

[...]

La mayoría de las organizaciones nacionalistas burguesas o pequeño-burguesas se denominan actualmente «socialistas», «marxistas» e incluso, algunas de ellas, «marxistas-leninistas». Ello es enteramente explicable dado el auge ideológico del marxismo-leninismo en España y en el mundo, dada la bancarrota de las ideologías burguesas, dado el predominio numérico que en nuestro país ha alcanzado la clase obrera y el preponderante papel de ésta en la lucha popular, dado el deseo explicable de las fuerzas burguesas y pequeño-burguesas de llevar tras de sí al proletariado. Por otro lado, es defecto bastante extendido entre los grupos más radicales del nacionalismo burgués y pequeño-burgués la propensión al infantilismo de «izquierda» e incluso, en ciertos casos, su inclinación por ciertas influencias trotskistizantes. Ello es lógico, dado que el ultraizquierdismo se acomoda perfectamente a la concepción burguesa del mundo, que rechaza la dialéctica materialista y la solución dialéctica de los problemas. En vez de considerar la realidad social en toda su complejidad, con todas sus intrincadas contradicciones, el ultraizquierdismo burgués y pequeño-burgués pretende dar una solución «sencilla» e invariable, única para las diversas y complicadas situaciones sociales, y pretende, además, resolver todos los problemas «de golpe». Entre las manifestaciones de ese ultraizquierdismo podemos señalar el rechazo de la teoría marxista-leninista de las etapas de la revolución (y, por tanto, la confusión de la etapa actual con la etapa socialista de la revolución) y la propensión al aventurerismo, a través de acciones armadas esporádicas y desligadas de la acción de masas.

[...]

doctor Negrín e imputarle todas las culpas -a fin de ocultar sus propias responsabilidades- han pretendido que fue el propio Negrín y no otro el responsable de dichas fricciones. Así, el «general» Líster, en su libro Nuestra Guerra cuenta que en una entrevista celebrada por él con Companys, en agosto del 38, el presidente de la Generalitat le dijo que «habían intentado varias veces discutir franca y abiertamente con Negrín» sobre las dificultades existentes entre ambos gobiernos, «pero que Negrín aún no había aceptado». Y añade Líster: «Finalmente me quedé con la convicción más absoluta de que si había dificultades entre los dos gobiernos, Companys no era el culpable de ellas». Esta versión es evidentemente falsa, no porque Negrín no pudiera cometer algún error o carecer de suficiente tacto en algún momento, ni porque a Companys le faltaran cualidades de patriotismo y sinceridad republicana, sino porque la estrechez nacionalista pequeño-burguesa de la Esquerra llevaba en ocasiones al gobierno catalán a anteponer los intereses regionales a los del conjunto del pueblo español, perjudicando así el reforzamiento económico y militar del campo republicano. Y esto era lo esencial de aquel problema.

[...]

[Puntos programáticos del PCE (m-l)
aparentemente excluidos de la versión publicada]
  1. Una vez que los pueblos catalán, vasco y gallego hayan manifestado libremente su voluntad de obtener la autonomía en el marco de la unidad federativa de los pueblos de España, habría que formular jurídicamente esa autonomía por medio de Estatutos que podrían inspirarse en algunos aspectos en los concedidos por la II República. El margen de autonomía no tendría por qué ser igual para todas las regiones autónomas, sino lógicamente mayor para aquellas que -como Cataluña y Euzkadi- tienen unas particularidades nacionales más acusadas. Podrían configurarse también como regiones autónomas incluso algunas que, aun careciendo de peculiaridades nacionales, tengan especiales características geográficas o económicas, como por ejemplo Canarias. [...]
  2. Se establecerá una fórmula política de representación de las regiones autónomas, en cuanto tales, en la organización federativa del Estado, a fin de salvaguardar y garantizar las autonomías y derechos de esas regiones en contra de posibles abusos del poder central. Esa fórmula podría consistir por ejemplo en una Junta Interregional o Consejo de las nacionalidades de la República, en que la representación de las minorías nacionales sería superior a su proporción numérica en la población del país. Dicho organismo sería el encargado de zanjar todo conflicto de atribuciones entre el poder central y los gobiernos regionales autónomos.
  3. Habría que garantizar también a las regiones autónomas el que en ningún caso pudieran ser reformados sus Estatutos ni restringida su autonomía sin el consentimiento de sus organismos gubernativos autónomos o de su población a través de referendum. Ello es una prolongación imprescindible del principio de autodeterminación.
  4. Habrá que revisar los límites de las diversas provincias y regiones, con arreglo a la voluntad democrática y libremente expresada de los habitantes de las comarcas limítrofes. De esa manera podrá resolverse el problema de Navarra, algunas de cuyas comarcas pueden desear -a causa del predominio en ellas de la minoría nacional vasca- incorporarse a Euzkadi. Sobre este particular, Lenin decía:
    No cabe duda de que ni un solo demócrata resuelto... discutirá la necesidad de sustituir las viejas divisiones (provinciales) caducas por otras que respondan en lo posible a la composición nacional de la población.... Es necesaria una amplia autonomía regional y una amplia autonomía administrativa local plenamente democrática, al determinarse los límites de las regiones con mayor o menor autonomía, que no han de ser las fronteras de las actuales provincias, distritos, etc., sino a base de la apreciación por la propia población local de las condiciones económicas y de vida, de la composición nacional de la población etc.... La población local es la única que puede `apreciar' con la máxima exactitud todas estas condiciones y sobre esta base deberá basarse el Parlamento central del Estado al establecer las fronteras de las regiones autónomas y determinar los límites de la competencia de las dietas autónomas.NOTA 407
  5. La República Popular Española deberá basarse en el principio de la autonomía y del autogobierno local y provincial; este principio deberá regir en todo el territorio nacional. Ello significa que los órganos populares de gobierno provincial deben tener poderes considerablemente más amplios que los de las actuales Diputaciones provinciales y deben ser los encargados de aplicar las disposiciones del gobierno central en sus respectivos territorios, lo que implica, por supuesto, la abolición de los gobernadores civiles y demás entidades y cargos similares. Los órganos populares de poder provincial y local deben ser elegidos democráticamente por los habitantes de la provincia y localidad respectivas, sin intervención alguna de un organismo de gobierno superior. De ese modo, el disfrute de la autonomía no será en modo alguno un privilegio de ciertas regiones, sino un principio general aplicable en todas las provincias españolas, basado en el centralismo democrático. El centralismo democrático no implica, en modo alguno, un Estado unitarista, sino que puede funcionar perfectamente en el marco de una República federativa como la que nuestro Partido preconiza. Lenin decía:
    El centralismo democrático no sólo no descarta la autonomía local, dentro de la autonomía de las regiones que se distinguen por sus especiales condiciones económicas y de vida, por una especial composición nacional de la población etc., sino que por el contrario reclama imperiosamente una y otras. ... Es evidente que no se puede concebir un Estado moderno verdaderamente democrático que no conceda semejante autonomía a toda región con peculiaridades económicas y de vida, en cierto grado sustanciales, con una determinada composición nacional de la población etc.NOTA 408
    Debemos demostrar a las masas que, como decía Lenin:
    Desde el punto de vista de la democracia... el reconocimiento del derecho a la separación disminuye el peligro de una `disociación del Estado'... Acusar a los partidarios de la autodeterminación, es decir, de la libertad de separación, de estimular el separatismo, es tan absurdo e hipócrita como acusar a los partidarios de la libertad de divorcio de estimular la destrucción de los lazos de familia....NOTA 409

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