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22 julio 2016

Cisma EPK finales de los setenta (II)


a una simple operación de cambio de imagen, que consistió en instrumentalizar la presencia de jóvenes ex etarras en el partido, que accedieron directamente a puestos de dirección, para presentar una fachada nacionalista. Ante un auditorio de delegados mayoritariamente jóvenes y poco fogueados en las conspiraciones internas del PCE, Manuel Escobedo fue obligado a hacerse en el II Congreso una dramática autocrítica, que significó su caída en desgracia.
Sin embargo, la operación de imagen fue rentable para el EPK. En el momento de su legalización, varios centenares de militantes procedentes de ETA engrosaban sus filas. El Partido Comunista de España continuaba haciendo y deshaciendo en el EPK, y así empezaron las defecciones. Los ex etarras, que ingresaron en el partido con la idea de que éste iba a transformarse, empezaron a comprender que estaban dentro de una estructura rígida e inamovible. De otro lado, las primeras elecciones del 15 de junio de 1977 pusieron de manifiesto la tradicional falta de arraigo social del comunismo en Euskadi. El EPK recogió el 3,21 por ciento de los votos en Alava, el 3,62 en Guipúzcoa, el 2,38 en Navarra (ORT un 4.99) y el 5,84 en Vizcaya. Las cosas no mejorarían en las elecciones de 1979: un 3,23 en Álava, un 3,07 en Guipúzcoa, 2,18 en Navarra y 5,54 en Vizcaya. -
El Partido Comunista de Euskadi, que había apostado muy fuerte en sus relaciones con nacionalistas y socialistas antes de las elecciones, naufragó irremisiblemente. De los doce mil militantes con que contaba en el momento de su legalización, se quedó reducido a la tercera parte. Figuras relevantes de la cultura vasca, como el poeta Gabriel Celaya, abandonaron el partido, y por la misma puerta acabarían saliendo algunos como el editor Luis Aramburu Altuna, que fue miembro del Comité Ejecutivo, el historiador Manuel Portilla y el escritor en lengua vasca Mikel Arregui.\Otros, como el pintor Agustín Ibarrola, el escritor Ramiro Pinilla o el historiador Antonio Elorza, permanecieron en el partido, pero no ocultaban su profundo desacuerdo con la dirección.

La catástrofe fue e tal envergadura que Santiago Carrillo se vio obligado a plantear la sucesión de Ramón Ormazábal. El candidato mejor colocado para optar a la Secretaría General era el guipuzcoano Francisco Idiáquez, un joven abogado donostiarra y ya veterano militante, que era miembro del Comité Ejecutivo del PCE. En la competición final también entraron en liza las candidaturas de Roberto Lertxundi, médico procedente de ETA y líder universitario en Vizcaya; Carlos Alonso Zaldívar, que se había trasladado a Bilbao desde Madrid, y Tomás Tueros, veterano líder, sindical de los astilleros vízcainos y secretario general de CCOO en Euskadi. La bronca por la sucesión fue monumental.

Los dirigentes comunistas necesitaron varias semanas para poder resolver el conflicto surgido por el cambio de Ormazábal. En un momento, al principio, prácticamente todos coincidían en que Francisco Idiáquez. era el sustituto ideal. Llegó incluso a contar con el visto bueno y la confianza de Santiago Carrillo. Cuando estaba todo prácticamente decidido, Ramón Ormazábal tuvo conocimiento de una conspiración de desprestigio contra su persona. Esto le costó el puesto a Idiáquez, que optó por retirarse de la vida política activa. «Cuando se pone en marcha una operación, hay que terminarla», le diría sentenciosamente Santiago Carrillo, al saber que tiraba la toalla.
Descartada la candidatura de Tomás Tueros por su falta de imagen y quizá también por un deseo de Ormazábal de mantenerlo al frente de CCOO, sólo Lertxundi y Alonso Zaldívar podían optar al puesto.
Roberto Lertxundi contaba con dos factores a su favor: una imagen pública más acorde con la realidad vasca, y hombre de confianza en la dirección del EPK. Así, acabaría ganando la partida. Por su parte, Carlos Alonso Zaldívar, que permaneció relativamente al margen de una polémica salpicada de referencias personales y maniobras de todo tipo, optó por retornar a Madrid, donde sería ascendido al Secretariado del PCE en el IX Congreso.

Todo esto ocurría a finales de octubre de 1977. El EPK celebró su III Congreso en los primeros días del mes siguiente. Tal como estaba previsto, Roberto Lertxundi resultó elegido secretario general. Su antecesor en el cargo, siguiendo la tradición comunista, ascendió a presidente del partido, un cargo más honorífico que ejecutivo. Ramón Ormazábal nunca vio con buenos ojos la elección de un nacionalista como Lertxundi y a regañadientes admitió que «era una necesidad de vida renovar la Secretaría General, y lo hemos resuelto de la mejor manera posible». Tras el abrazo en que se fundieron presidente y secretario general al finalizar el Congreso, se escondía una gran desconfianza mutua. Ambos dedicaron buena parte de sus intervenciones a subrayar la continuidad política del partido, por encima de cualquier especulación sobre rupturas internas. La existencia de dos corrientes claramente enfrentadas en cuestiones de política vasca y, sobre todo, en la redacción e interpretación del tercer artículo de los estatutos del EPK relativo a sus relaciones con el Partido Comunista de España, se puso de manifiesto en el Congreso.
Ramon Ormazabal vs Roberto Lertxundi
Finalmente, se llegó a una síntesis de ambas corrientes, que parecían inevitablemente condenadas al divorcio. El Comité Ejecutivo solamente renovó a tres de sus miembros. El EPK pudo de esta forma, ganar tiempo y evitar, la sangría de militantes que padecía. La elección de Roberto Lertxundi había despertado expectativas de cambio entre los afiliados y, especialmente, entre quienes como él procedían del nacionalismo etarra.
Sin embargo, el nuevo secretario general se encontró atrapado pronto entre las exigencias de sus antiguos compañeros en ETA y el inmovilismo de la dirección oficialista del EPK y el PCE. La salida del partido de tres destacados dirigentes procedentes de ETA (José María Garmendia, Jon Larrínaga y Javier Ardanza) fue una señal de alarma; los sectores nacionalistas retiraban su confianza a Lertxundi. La víspera de que éstos anunciasen públicamente su salida, Roberto Lertxundi trató de convencerles de que permaneciesen en el partido, insistiendo en la idea de que él sería el primero en encabezar un cambio en profundidad. No sirvió de nada.

Las elecciones al Parlamento vasco, en febrero de 1980, volvieron a constatar el aislamiento del EPK. Solamente Roberto Lertxundi resultó elegido. La confrontación interna se hacía así inevitable. Los sectores más jóvenes y decididamente renovadores y nacionalistas, que hasta entonces permanecieron entre expectantes y acomodaticios, se lanzaron a la batalla para ganar el IV Congreso.

Lo que en el III Congreso del EPK( se denominó eufemísticamente «diferentes sensibilidades», en el IV fueron tendencias enfrentadas. A caballo del V Congreso del PSUC y el X del PCE, la reunión de los comunistas vascos se anunciaba como un test, y así resultó. El eurocomunismo, desterrado en Cataluña, pareció trasladarse fantasmagóricamente al Aula Magna de la Universidad del País Vasco, en Lejona, el viernes 30 de enero de 1981.
Bajo el impactó del «Que vienen los rusos!» anunciado tras el congreso de los comunistas catalanes, los delegados se esforzaron en aparecer como adalides del eurocomunismo, aunque cada uno lo interpretase a su modo y manera. El desarrollo del Congreso fue radicalmente distinto de cuantos le precedieron. No sonaron aplausos, las intervenciones fueron tajantes, no hubo unanimidad, el emocionalismo habitual desapareció de escena y, sobre todo, se libró una lucha subterránea bajo el manto de las palabras. El debate precongresual había dejado las cosas claras: a la reunión sólo se fue a votar; a ganar o a perder, y las primeras escaramuzas comenzaron con la elección de la mesa presidencial. El forcejeo entre las candidaturas del oficialista Mikel Camio, un donostiarra vascoparlante que dirigía la organización en Álava, y Angel Pascual, secretario de Navarra, apuntaban la existencia de dos tendencias que, a medida que avanzaba el Congreso, se fueron separando. Por un solo voto de diferencia, resultó elegido presidente del Congreso el pamplonica Angel Pascual, adscrito a la corriente de Roberto Lertxundi.
Con la elección de la Comisión de Candidaturas ocurrió algo parecido. En ella, como siempre, habría de librarse la lucha final. La delegación de la margen izquierda de la Ría de Bilbao, con mayoría oficialista, solicitó cuatro puestos, haciendo valer que su número de afiliados así lo exigía. Sin embargo, la Comisión de Candidaturas quedó constituida por doce partidarios del secretario general saliente y nueve alineados con la oposición que encabezaba Ramón Ormazábal. Era la primera vez, después de medio siglo,, en que una tendencia crítica ganaba unas votaciones en el EPK.

Además de por la cuestión nacional, principal elemento diferenciador de las dos tendencias, los 480 delegados que acudieron al Congreso estaban enfrentados por otras razones.
La corriente más centralista, la encabezada por Ormazábal, no lo era tanto por sus referencias generales al Estado como por su fidelidad a la idea de «un Estado, una clase, un Partído», entendiendo esto como una forma de vinculación estrecha del EPK al PCE y a su equipo de dirección. En ella, además del presidente del partido, se encuadraban Tomás Tueros, Ignacio Latierro, Félix Pérez, Francisco Martínez, Felipe del Corte y otros cuadros sindicales y políticos mayoritariamente dirigentes del PCE y, en algunos casos, liberados del partido.
Frente al oficialismo se acantonó la tendencia más sensible al hecho nacional vasco, que hacía especial hincapié en la independencia política del EPK respecto al PCE, era partidaria de 'profundizar en la democratización del partido, proclive a una estrategia de unidad de la izquierda y, en concreto, a la fusión orgánica con Euskadiko Ezkerra. Encabezada por Roberto Lertxundi, formaban parte de esta corriente entre otros, Sigfredo Domingo, Esteban Eguren y Ángel Pascual, secretarios respectivamente de las organizaciones de Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, además del dirigente sindical Txemi Cantera y del diputado en el Parlamento vasco, Juan Infante, que sustituyó en este puesto a Roberto Lertxundi.

La corriente oficialista, asentada fundamentalmente en el enclave obrero de la Ría bilbaína, interpretaba las divergencias trazando una línea divisoria entre trabajadores e intelectuales o, más exactamente, «entre obreros y un conjunto de gente procedente del nacionalismo radical, jóvenes, intelectuales...». A este respecto, un veterano congresista planteaba que «lo que se ha dado en llamar fuerzas de la cultura no ha conseguido ensamblarse con el movimiento obrero, sino que se ha montado encima de él, y eso puede conducir a situaciones graves». Por el contrario, los renovadores vascos opinaban que los enfrentamientos no pasaban por esa diferenciación, sino por cuestiones de fidelidad política, emocional y psicológica al Partido Comunista de España, con una serie de añadidos muy complejos entre los que destacaban los problemas generacionales.
En el Congreso se apreció una clara escisión entre el debate político y los votos. Las explicaciones de algunos delegados, de una u otra corriente, partían de la extrema polarización a que se había llegado en el debate precongresual. Las votaciones repetían mecánicamente la presencia de una mayoría proclive a Lertxundi que superaba por 60 u 80 votos a la minoría. Todo se desarrolló al margen de cualquier componenda y no hubo pasillos, porque el acuerdo era imposible. Sin embargo, donde se pusieron de manifiesto las diferencias fue en el debate político, apenas profundizado y que cuando se entabló llegó cargado de alusiones o encubierto. La mayoría de los portavoces apoyó el informe presentado por Roberto Lertxundi en nombre del Comité Central saliente, y hasta destacaron la síntesis de posiciones que en él se había alcanzado. Pero hubo oradores que, después de aprobar el texto, arremetieron demoledoramente contra él. Por eso, otros congresistas iniciaron su intervención diciendo que lo apoyaban sinceramente, porque en el Congreso había «apoyos envenenados».

No faltaron las intervenciones agrias, como la de Mikel Camio que, después de señalar que se estaba en presencia de una ofensiva contra el eurocomunismo, rechazó la estrategia de unidad de la izquierda y concluyó afirmando que «si Euskadi se ha despegado del proceso democrático, hay que hacerla aterrizar». Aprovechando el ambiente general de apoyo al eurocomunismo, Ignacio Latierro sometió a votación un texto en el que pedía la adhesión del Congreso a la declaración del Comité Ejecutivo del PCE sobre el todavía reciente V Congreso del PSUC. La propuesta, que fue rechazada, levantó un gran revuelo entre unos congresistas muy sensibilizados por la cuestión nacional y la independencia de su partido. No querían ingerencias de Madrid y tampoco las admitían en otros lugares. Roberto Lertxundi señalaría a este respecto que «sólo al PSUC corresponde solucionar sus propios problemas».
Otra de las cuestiones polémicas, dentro del relativo tedio con que discurrieron los debates de este IV Congreso, fue la relativa a la democratización de los organismos dirigentes del partido. Tanto Latierro como Camio y otros portavoces del oficialismo se oponían a la idea de «homogeneizar» el Comité Ejecutivo; es decir, de constituir una dirección integrada exclusivamente por miembros de la mayoría del Congreso. A ello contestó desde la tribuna uno de los delegados, diciendo que «era contradictoria su posición de pedir unos órganos de dirección de síntesis, cuando en los niveles donde ostentan la mayoría están aplastando a las minorías»,
Manterola, luego director del museo Oteiza.
Pero donde el debate alcanzó niveles de mayor tensión fue al abordar el tema de la unidad de la izquierda que, en el informe del secretario general, se interpretaba como una convergencia a corto plazo con Euskadiko Eskerra. Para Félix Pérez, este planteamiento conducía a la liquidación del partido. Y Latierro, después de advertir que «hay que saber con quién nos jugamos los cuartos», citó- en varias ocasiones a Mario Onaindía, líder de aquella formación, señalando que se negaba sistemáticamente a sentarse para hablar de política. Tomás Tueros fue el más nítido en sus consideraciones: «No se puede llegar a síntesis en lo que se refiere a la organización y al tema de la separación o independencia del Partido Comunista de España.»
La delegación navarra, que por vez primera participaba con pleno derecho en un congreso del EPK, contó entre sus portavoces con el pintor Pedro Manterola, quien dijo que los navarros habrían sido más autocríticos porque «la situación del partido es profunda y rigurosamente mala» y, sin pelos en la lengua, se pronunció a favor de hacer un partido nuevo de forma inmediata. Fue uno de los escasos oradores que cosecharon aplausos.
Finalmente, tras repetidas alusiones al hecho de que se estaba hurtando el debate a los congresistas, dado que todo parecía decidido de antemano y que las intervenciones resultaban plagadas de referencias indirectas, Roberto Lertxundi tomó la palabra para asegurar que e partido iba a iniciar una convergencia organica con Euskadiko Ezkerra.




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